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Una emboscada a policías de Umopar en Chapare, realizada por cocaleros de un sindicato en alianza con narcotraficantes, ha sido una de las noticias más inquietantes a escala nacional de los últimos días porque plantea interrogantes que, a pesar de los operativos, no terminan de ser respondidas.

El hecho ocurrió semana pasada. Los efectivos de Umopar intentaron evitar una operación de drogas y fueron atacados con armamento moderno y de grueso calibre. No solo eso, un grupo de campesinos evitó que dos uniformados heridos (que se estaban desangrando) fueran auxiliados de inmediato, porque cercaron a la patrulla y la amenazaron, cuestionando que salga de la selva y no de los caminos, como si la Policía tuviera que pedirles permiso para cumplir la tarea de luchar contra el narcotráfico.

Seis días después, el ministro de Gobierno presentó a 10 detenidos, sobre la base de testimonios, de un video que circuló en las redes sociales y de operativos. Sin embargo, también hay prófugos, entre ellos el número dos de la banda de narcotraficantes. Mientras tanto, el MAS plantea interpelar a esta autoridad por los hechos, lo cual plantea más interrogantes aún.

Primero, ¿cómo puede ser posible que fusiles, escopetas, revólveres y pistolas de grueso calibre y de alta complejidad estén siendo utilizados por narcotraficantes en la zona de Chapare y otras del país? ¿Dónde están los controles? ¿A qué nos estamos enfrentando?

Segundo, en la zona se encontraron 13 fábricas de cocaína, una de cristalización, cuatro kilos de droga. Informes oficiales señalan que a diario se encuentran varias factorías en el trópico de Cochabamba. Esto tiene un componente que agrava la situación y es que, hace tiempo ya, que Chapare es un territorio donde los sindicatos de cocaleros tienen más control que la misma Policía y que ya hicieron sentir su poder en varias ocasiones, la más notable cuando impidieron el paso de un tribunal internacional al Tipnis. ¿Hasta cuándo se lo va a permitir?

El tercer elemento que merece una respuesta es el alcance del conflicto de intereses que esta realidad le plantea al presidente Evo Morales, quien es el máximo dirigente de los cocaleros de Chapare. ¿Será capaz de renunciar a esa condición sindical para gobernar en función del interés de todos los bolivianos? ¿Será capaz de ejercer mano dura en una zona donde se concentra su principal respaldo político?

El primer mandatario no se ha pronunciado aún sobre la emboscada a los policías, pero sí ha vuelto a resaltar la lucha contra el narcotráfico y ha dicho que la presentará a escala internacional. Habrá que evaluar si realmente está dando resultados tan positivos, si en el trópico hay tantas fábricas de droga, si hay pistas clandestinas y si hay inseguridad para el trabajo de los policías.

Este episodio no se resolverá con 10 o 20 detenidos ni con la interpelación al ministro. El país demanda que sea el mismo presidente quien responda a las interrogantes.