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En nombre de la libertad y la igualdad y al grito de “¡queremos la Bastilla!”, se dio comienzo a la Revolución francesa el 14 de julio de 1789. Fue el pueblo parisino –más propiamente la clase baja, denominada ‘sans culottes’– el de la iniciativa de tomar por asalto la fortaleza, liberar a los prisioneros (entre los que se encontraba el marqués de Sade) e incendiarla para acabar, de una vez por todas, con los odiosos privilegios de la monarquía y el alto clero parasitario, aunque este sector se pasó rápidamente al bando contrario y ese juego de cintura le permitió conservar su estatus social.

Con la toma de la Bastilla arreció la discusión bizantina entre girondinos y jacobinos, que no sabían qué hacer con la familia Capeto (el rey Luis XVI y la reina María Antonieta, la despreciable ‘austriaca’), puesto que unos pugnaban por la re-reelección (por decir algo) y otros por el destronamiento, hasta que la suerte del monarca cautivo fue definida por votación, imponiéndose la mayoría de los convencionales, que pedían la pena de muerte.

Guardando las distancias de tiempo, lugar y circunstancias, entre nosotros, y en nombre de la democracia (que no es la mejor forma de gobierno), un grupo de choque con el rostro cubierto para evitar ser identificado y que, al parecer, actuó por cuenta propia, asaltó e incendió el edificio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz y otras instituciones públicas, como si estas fueran propiedad del presidente Evo Morales, a quien los opositores no pueden ver ni en pintura. Y lo hicieron para mostrarles a sus dirigentes encubiertos que no es con rezos, ni avemarías ni con huelgas de hambre, como se expulsará al ‘déspota’ que impera desde la Casa Grande del Pueblo. Nadie sabe (excepto los violentos) si las cosas proseguirán por el camino de la violencia llevando a cabo otras tomas incendiarias o si, finalmente, la oposición, que se asume ‘demócrata’, aceptará dilucidar mediante el voto si se va o se queda Evo Morales, la manzana de la discordia.

En Francia sí sabemos cómo terminaron las cosas. Luis Capeto compareció ante el cadalso a cumplir la parte coercitiva de la sentencia dictada el 17 de enero de 1793 que lo condenó a morir decapitado por la guillotina, un novel invento atribuido al cirujano francés Joseph Guillotin, que le hacía propaganda aduciendo que tal procedimiento era indoloro, solo que ninguno de los miles que fueron ejecutados sobrevivieron para darle la razón o para desmentirlo. Pero no pasó mucho tiempo para que Danton, Robespierre, Saint Just y muchos otros jacobinos regicidas tuvieran la oportunidad de comprobar la eficacia de ‘Luisita’, el otro nombre de la guillotina.

El caso es que, en nombre de la democracia, se ha cometido toda clase de crímenes en el mundo, y todo para nada. En Francia se dijo que era el ‘gobierno del pueblo y para el pueblo’, pero resulta que el pueblo pone los votos, pero son otros los que asumen el poder político. Por lo general, los votos encumbran a las oligarquías, es decir, a un ‘puñado de ricos’, en concepto del filósofo Aristóteles.