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La prevalencia de la trata y tráfico de personas en territorio boliviano ha colocado al país ante una situación de extrema vulnerabilidad frente a la comunidad internacional.

El último informe sobre el Tráfico de Personas 2018 del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que Bolivia es un país de tránsito y destino de inmigrantes víctimas de trata sexual, por lo que se encuentra en la lista de las 22 naciones con mayor riesgo por este delito internacional junto a Venezuela, varios africanos, Rusia, Corea del Norte, Birmania, Laos, Irán y China, entre otros.

Pese a los esfuerzos gubernamentales, Bolivia pasó de la lista de países en “observación” a la de aquellos que directamente no cumplen con los estándares internacionales de lucha contra la trata y tráfico de personas.

El estudio fue abiertamente rechazado por el Gobierno del presidente Evo Morales, que argumenta que el país avanzó significativamente en los controles estatales y la penalización de las personas involucradas en este tipo de delitos.

La trata y tráfico de personas ocurre cuando mediante engaños los delincuentes captan a hombres, mujeres o niños y después les obligan a realizar trabajos forzados o son víctimas de explotación sexual.

El 31 de julio de 2012 se promulgó la Ley 263 contra la Trata y Tráfico de Personas, pero los esfuerzos han sido insuficientes para enfrentar este mal.

Paradójicamente, para la legislación boliviana la desaparición como tal no está tipificada como delito. Solo entra en el ámbito penal cuando se produce una “desaparición forzada”. En tanto ello no se demuestre, es solo un reporte de ausencia de persona.

El mayor problema detectado por el informe estadounidense es la falta de formación de los funcionarios y la ausencia de datos sobre la forma en que están actuando las autoridades para combatir este flagelo.

El estudio destaca que Bolivia es un país de recepción de migrantes africanos, chilenos y caribeños, muchos de los cuales caen en redes de prostitución y tráfico de personas.

De acuerdo a los últimos datos oficiales en Bolivia, entre 2012 y 2016 hubo 2.591 denuncias por los delitos de trata y tráfico. De ellas, el Órgano Judicial emitió 44 sentencias con privación de libertad contra los acusados.

El Gobierno de Estados Unidos impuso esta semana sanciones comerciales contra Bolivia por la recurrencia de este flagelo, lo cual debe motivar una seria reflexión sobre la estrategia boliviana para enfrentar este delito internacional y sus consecuencias para la población en su conjunto.