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Parafraseando al propio presidente: “No se puede entender”. Evidentemente, no se puede entender que el Gobierno deje desangrarse la economía boliviana, siga empecinado en desgastar a las movilizaciones ciudadanas por la democracia y sostenga la errónea lectura de que el repudio a sus maniobras para seguir en el poder esté motivado solo por la lucha político-electoral o por lo que llama despectivamente la “derecha” y las “logias”.

Santa Cruz volvió a liderar ayer la protesta nacional por el respeto al voto y a la Constitución, dos días después de que el Tribunal Electoral dejara una profunda herida en la democracia al autorizar la habilitación de Evo Morales y de Álvaro García Linera, sin acatar los resultados del referéndum del 21-F. El tercer paro cruceño en once meses mostró una fotografía casi idéntica a los dos anteriores. Familias enteras con banderas y poleras del No, vecinos reunidos en sus calles para expresar su apoyo a la democracia y organizaciones de amigos identificados con la defensa del voto. Es imposible que varios de los que salieron a las rutas y los miles que se quedaron en sus casas para sumarse a las expresiones ciudadanas de resistencia al prorroguismo hayan sido arrastrados por los candidatos opositores o por algún grupo de poder, como lo pretende hacer ver el Gobierno, con un balance que le da otra vez la espalda a la realidad.

En este paro se vio menos coerción que las anteriores veces en los barrios y avenidas, lo que permite concluir que muchos vecinos asumieron este nuevo sacrificio de forma voluntaria. El daño a la economía es doloroso, pero se lo ha aceptado, sobre todo porque se sostiene que es peor perder la democracia. De acuerdo con cálculos de algunos economistas, por un día de paro Santa Cruz deja de producir lo equivalente a 27 millones de dólares, y todo el país, alrededor de 93 millones de dólares. Significa que este año la “locomotora económica” dejó de generar más de 80 millones de dólares en las jornadas anormales. ¿Se imaginan cuántos nuevos médicos o profesores dejaron de contratarse con estas pérdidas?

En los hechos, no lo siente así un Gobierno empeñado en retener el poder y que resulta ser el mayor responsable de este constante desangramiento. ¿Cuántos paros más hacen falta para que escuche la demanda ciudadana de respeto al voto? Hasta ahora, queda claro que no retrocederá ni un milímetro de lo que ya avanzó en la búsqueda de prorroguismo.

En consecuencia, y más allá de la contundencia incuestionable de los tres paros, que confirma la fuerza y la firmeza ciudadana para defender el voto, conviene ahora que el movimiento por la democracia revise con serenidad e inteligencia la estrategia de lo que parece será una lucha larga y en condiciones desfavorables, con un aparato de poder dispuesto a todo para conservar sus privilegios.